Derecho a la consulta y la participación

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Número 12, año XIII, diciembre 2015

Un Estado que se precie de ser democrático debe conducirse en el marco del respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, y no soslayar en su actuación y toma de decisiones la participación de las personas, los colectivos y las organizaciones, así como de los grupos indígenas y pueblos originarios que conforman su población. Esto es particularmente necesario cuando las decisiones gubernamentales afectan sus derechos, como es el caso de los proyectos urbanos, que suelen ser prioritarios y necesarios para la autoridad, pero que no siempre incluyen desde su planteamiento la opinión de la ciudadanía o de las personas que son afectadas de forma directa o indirecta por el desarrollo de éstos.

Esta edición de Dfensor muestra los desafíos que enfrentan las autoridades de la ciudad de México en el desarrollo de proyectos de infraestructura; así como la importancia de incluir en cada uno de ellos la opinión de las y los ciudadanos sin discriminación, a través de diversos espacios abiertos al diálogo y principalmente mediante mecanismos de consulta ante los que nadie debe quedar fuera. La posibilidad de garantizar que todas y todos participen en la toma de decisiones, y de que se valoren y respeten los resultados que deriven de las consultas ciudadanas, es una forma de ir avanzando en el camino hacia la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática.

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