Derechos humanos laborales y cultura de la legalidad

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Número 4, año XIII, abril 2015

Hace algunas semanas se denunciaron en diferentes medios de comunicación las terribles condiciones de trabajo y de vida de las y los jornaleros agrícolas en Baja California: salarios ínfimos, trabajo infantil, abusos sexuales, maltrato, falta de atención médica, vivienda inadecuada, precaria situación de salud y de seguridad; aspectos que parecían describir aquel México previo a la Constitución de 1917.  Así, la defensa del trabajo, mediante la procuraduría respectiva, es el espacio ideal para construir estándares y promover criterios de defensa de los derechos humanos laborales, debido al cúmulo de casos que atiende y que permite la detección de prácticas patronales marginales a la ley.

Así, una política laboral consistente y congruente con un Estado democrático debe ir de la mano de la cultura de la legalidad y tener una visión de amplio espectro, donde el diálogo social con interlocutores legítimos ponga en la mesa que los derechos humanos laborales no se contraponen a los beneficios económicos –diversas experiencias internacionales dan muestra de ello–, no son negociables y la exigencia de su cumplimiento tampoco debe criminalizarse.

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