Personas desaparecidas en México

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Número 9, año XIII, septiembre 2015

La desaparición forzada es una práctica que se ha realizado en nuestro país desde la llamada Guerra Sucia (1960-1970). Actualmente, este delito sigue marcando a hombres y mujeres, niñas y niños, familias enteras y sociedad en general. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, esta práctica se entiende como el arresto, la detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado, en sus diferentes niveles de competencia y gobierno, o de persona o grupos de personas con autorización del Estado, apoyo o aquiescencia.

El Estado mexicano debe garantizar a las víctimas y sus familiares su derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones, el proceso y los resultados de las investigaciones, el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la ansiada garantía de la no repetición, que implica la implementación de acciones para erradicar este grave delito.

Por eso, todas y todos, desde nuestros ámbitos de competencia, no debemos cejar en exigir una ley que erradique esta situación e impacte en el combate a la impunidad y, por consecuencia, en el respeto, la garantía, la protección y la promoción de los derechos humanos. Y que asegure que las familias de personas desaparecidas gocen de su pleno derecho a la reparación, a la verdad, a la justicia, pero sobre todo que las víctimas no queden en el olvido.

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